El Consorcio del barrio de la Mina suspende el cobro del alquiler del mes de abril de las viviendas sociales de su propiedad, aplicando la misma directiva de la Generalitat para su parque de vivienda social. La moratoria en el pago del alquiler está prevista, inicialmente, por el recibo del mes próximo, pero, ya prevé que se pueda alargar mientras dure la crisis del COVID-19.
En el caso de las viviendas del Consorcio la medida es para todos los pisos del bloque de la calle Venus, los correspondientes a las porterías 11, 13 y 14 de la calle Levante, de las porterías 12 y 14 de la calle Marte, de la portería 14 del calle Estrellas y de todos los de la isla J, situada en el cruce de la calle Anne Frank y la avenida Manuel Fernández Márquez. Y, en el conjunto del barrio, los pisos gestionados directamente por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que son el resto de la vivienda social de nueva construcción de las islas B, D, G, L y Q. En total esta medida beneficiará a 360 familias. Se trata de proteger a las familias con menos recursos durante la situación de excepcionalidad ocurrida a causa de la pandemia del Coronavirus (Covidien-19) y de reducir en los grupos más vulnerables al impacto económico de la crisis sanitaria mundial.
Así, pues, se suspende la facturación de abril y prevé que su importe pueda prorrateará en los recibos de los siguientes doce meses una vez termine la situación de excepcionalidad. Si es necesario alargar estas medidas más allá del mes de abril, según evolucione la pandemia y que sea la situación social y económica que se derive, la Generalitat detallará el despliegue de otras medidas para el resto de mensualidades y la forma se fraccionarán los pagos. Al mismo tiempo, el gobierno también tiene en cuenta que una vez pasada la emergencia pueda haber situaciones de vulnerabilidad sobrevenidas que en aquel momento actualizará para poder aplicar las medidas necesarias. El objetivo de todo ello es proteger a las familias con menos recursos ante la actual situación de emergencia y sus consecuencias.
Como la media del precio del alquiler social se sitúa en los 166 euros al mes, el gobierno de la Generalitat ha calculado un cuerpo de 3 millones de euros por mes en el conjunto del país.